Olivia Paredes

Con puntos de vista similares y una observación detallada al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización del aborto en México, académicos de diversas instituciones participaron en la mesa de análisis <em> ¿Interrupción voluntaria del embrazo?; un derecho humano, garantía fundamental</em>, que se llevó a cabo en la Unidad Regional Sur (URS) de la Universidad de Sonora.

Como parte de la vinculación que la Universidad mantiene con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales, y para ofrecer a docentes y estudiantes un espacio de aprendizaje, actualización y debate, el campus Navojoa fue sede del evento a través del Bufete Jurídico Gratuito y el Departamento de Ciencias Sociales.

Luis Adrián Sotelo Medina, académico de la Unidad Regional Centro (URC), señaló que el tema de la despenalización del aborto tiene toda una historia y no termina de definirse, aún con la sentencia emitida por el alto Tribunal.

“Nos da algunos argumentos en los cuales, si nos vamos a un inicio, simplemente dice ‘vamos a despenalizar la interrupción del embarazo’; entonces primero hay que ver si alcanza ese grado de derecho humano como tal o si todavía vamos a ponerlo hasta lo más alto; porque primero se le ha sacado históricamente la vuelta a la cuestión de legislar propiamente.

“Fueron los ministros hablando uno por uno, con diferentes aristas sobre lo que iba a ser este proyecto sobre la despenalización y dieron buenos argumentos, pero dejaron algunas cosas al aire porque generó una gran polémica y están divididos entre los que están en pro de la vida y los que están en pro del aborto”, puntualizó.

El docente detalló que algunos ministros pronunciaron que no se puede condenar a la mujer a la cárcel o la clandestinidad, o poner en riesgo su vida, mientras que otros hablaron más de la libertad de la mujer sobre la elección, así como de las circunstancias económicas, sociales y familiares en las que se desarrolla un embarazo.

“Sin embargo, no se definió claramente el camino a seguir en determinado momento sobre cómo se va a legislar, regular o reglamentar; por ejemplo, en Sonora, la cuestión del aborto se excepciona cuando es resultado de una violación o pone en peligro la vida, y en este caso estamos hablando de una interrupción que sea por cuestiones ajenas”, dijo.

Por otra parte, Diana Lucía Monsalve Hernández, abogada asesora en la sala penal del Tribunal de Medellín, Colombia explicó que la interrupción del embarazo es un punto importante que requiere atención, no solamente en el tema político, sino desde el rubro de salud pública y los derechos de las mujeres.

“Comparto plenamente lo que expuso una de las personas, que dice que es un paso, pero todavía falta mucho por regular; es la misma situación en Colombia, tenemos una sentencia que despenalizó parcialmente el aborto condicionando su práctica a tres causales, que básicamente se relacionan cuando hay peligro para la vida de la madre, cuando el embarazo es producto de un abuso sexual o cuando hay una malformación del feto”, indicó.

La especialista en Derecho y estudios de género subrayó que a pesar de que dichas situaciones no constituyen delito, sí generan una situación de discriminación y violencia institucional a las mujeres que, en su libertad y pleno ejercicio de sus derechos reproductivos y sexuales, se ven compelidas a solicitar la autorización o acudir a otros mecanismos de corte ilegal para interrumpir el embarazo porque no tienen el deseo de ser madres.

“Esa circunstancia que muchos consideran política que debe ser regulada por el Estado, es un asunto que compete única y exclusivamente a la mujer como dueña de su cuerpo, como sujeto de derechos fundamentales como la libertad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y la vida misma”, añadió.

Respecto a las expectativas jurídicas y legislativas que se producirán a raíz del fallo de la SCJN, Carlos Alberto Macías Becerril, catedrático de la Universidad de Colima, expresó que de inicio se reconoce el aborto genérico, que es la interrupción del producto de la concepción en cualquier momento, lo cual se plasmó en la resolución.

“Al haber alcanzado mayoría de votos, a partir de hoy obliga tanto a los tribunales locales, como federales a observar esta resolución y al resolver esos casos futuros deberán de tomar en cuenta que el delito de aborto voluntario y quien participe ayudando son inconstitucionales, y deberán de resolver en consecuencia.

“Y en el caso de las mujeres que estén sufriendo la persecución penal, pueden recurrir al amparo indirecto, ya sea que se encuentren procesadas o sentenciadas, basándose en la inconstitucionalidad de la ley penal respectiva, precisamente a partir de la obligatoriedad del fallo de la Suprema Corte”, manifestó.

María Clara Limón Duarte, representante de la Red Feminista en Sonora, acentuó que la resolución en mención es un avance sin duda en materia de derechos humanos, aunque todavía requiere de varios elementos para poderse concretar.

“Por ejemplo, que los estados tomen a través de los Congresos locales la responsabilidad de cambiar todo este mecanismo legal y los artículos que criminalizan el hecho en sí; eso es en la agenda el siguiente paso. E independientemente de la cuestión legal en cuanto a infraestructura, la parte médica, de asistencia, todos los elementos de los que carece algo que acaba de ser gestado, a mí me interesa que intentemos ponernos en el contexto social real del problema.

“Si nosotros no entendemos las diferencias abismales culturales, económicas y sociales que hay en nuestro país, hay inequidades profundas que hacen que la realidad de unos no se acerque ni se parezca a la de otros, y no vamos a poder partir de una discusión coherente y justa; no son lo mismo las oportunidades, acceso a la salud y a la Ley que tiene una mujer del área urbana, a lo que viven, por ejemplo, las mujeres en comunidades indígenas”, concluyó.

En la mesa de análisis participaron también Adriel Córdova Pimentel, miembro invitado de la Academia de Investigación Jurídica de la URS y Manuel Raymundo Valdez Domínguez, director de Bufete Jurídico Gratuito de la URS.

Asimismo, estuvieron presentes Modesto Barrón Wilson, en representación del vicerrector Jesús Alfredo Rosas Rodríguez; Rodrigo Orlando Osorio Montoya, decano de la Facultad de Ciencias Básicas y Humanas, del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”; y Enoc Francisco Morán Torres, director de la facultad de Derecho en la Universidad de Colima.