Olivia Paredes

El 20 de agosto de 2021 se declaró alerta de género por violencia feminicida para seis municipios de Sonora; actualmente, el estado cuenta con una solicitud en trámite por agravio comparado, detalló la socióloga Ana Jetzi Flores Juárez, durante una conferencia impartida en la Unidad Regional Sur (URS) de la Universidad de Sonora.

La especialista en estudios de la mujer explicó que fue en 2019 cuando se hizo la solicitud y después de un proceso de casi dos años, se declaró la alerta para los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado.

“En Sonora se declaró una alerta de violencia de género por violencia feminicida, pero hay también otro procedimiento de solicitud de alerta por agravio comparado; esta declaratoria surge de una solicitud de una organización de la sociedad.

“Se tienen ya 25 declaratorias en el país de alertas de violencia de género, de 2015 a 2021, la última fue en Sonora; tenemos cuatro procedimientos en trámite, donde se encuentra Sonora por agravio comparado y 10 alertas de violencia de género no declaradas”, indicó.

La ponente describió que una alerta de violencia de género es un mecanismo de protección de derechos humanos de las mujeres, hasta ahora único, en territorios muy específicos, en los ámbitos municipal y estatal.

“Cuando se hace una solicitud de declaratoria de alerta se identifica para qué territorio está dirigida esta solicitud, en el caso de Sonora recibimos una solicitud para seis municipios de la entidad, que fueron declarados con alerta; este mecanismo de protección es un derecho ganado por las organizaciones de la sociedad civil y feministas, que se plasma y se describe en la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, precisó.

Para declarar la alerta, expresó que se realiza un estudio especializado respecto a aquello que se dice o la situación que se identifica con problemas en materia de derechos humanos de las mujeres y se emiten recomendaciones por parte de un colegiado, que es el grupo de trabajo que realiza la investigación.

“Y en este mecanismo estamos involucradas dos académicas del ámbito local, dos del ámbito nacional, la Secretaría de Gobernación a través de Conavim, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los tres poderes de gobierno, para establecer acciones inmediatas y urgentes para detener la violencia contra las mujeres en territorios determinados, así como recomendaciones para implementar políticas públicas”, enfatizó.

Flores Juárez aclaró que la violencia feminicida no solamente es un elemento de la máxima expresión de la violencia contra las mujeres que culmina en una muerte violenta, sino que comprende de manera más amplia otras expresiones de violencia contra las mujeres, ya sea ejercida por individuos o por la propia mujer; y enlistó medidas de prevención.

“Se deben fortalecer las distintas instituciones del Ejecutivo, como el Sistema DIF, las instituciones o secretarías de las mujeres, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana o Pública; deben ser operativos, sesionar de manera frecuente para atender, revisar, evaluar y ajustar políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres en la entidad federativa.

“Otra medida es evaluar y actualizar de manera periódica el programa de capacitación del Estado, al personal que opera en las instancias; nos preocupa que hay una falta de conocimiento en las autoridades encargadas de atender a las mujeres en situación de violencia y en ese sentido la idea es que se haga un esquema estructurado, formal, que permita la evaluación incluso de los propios procesos de capacitación y actualización en temas específicos”, puntualizó.

Respecto a los retos que tienen las entidades, concluyó que deben articular un mecanismo con políticas públicas ordinarias, ya sea en el Plan Estatal de Desarrollo o en programas especiales e institucionales; destinar recursos en el estado y municipios; transparentar la implementación de las medidas y recurso involucrado; y crear un mecanismo de participación ciudadana por el cual se informe y acompañe la implementación de la declaratoria.